PUBLICADO EN: http://blogs.publico.es/dominiopublico/16061/guerras-memoria-y-justicia/
Ignacio Ramonet
Director de ‘Le Monde diplomatique’ en español
*Con este artículo ponemos en marcha una colaboración regular con la publicación mensual francesa ‘Le Monde diplomatique’. El texto, que corre a cargo de Ignacio Ramonet, saldrá publicado en el número de marzo de dicha publicación.
Este año, en julio, se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939). Uno de los conflictos más despiadados del despiadado siglo XX. Que una inclemente dictadura prolongó durante cuarenta larguísimos años más. Y que marcó al rojo vivo la memoria colectiva. Aún hoy, a decenas de miles de españoles les está prohibido desenterrar los restos de sus familiares, dispersos por las cunetas del país, fusilados sin juicio sólo por ser republicanos. Ni siquiera el restablecimiento de la democracia en 1978 sosegó los ánimos como lo acaba de demostrar, en Madrid, el reciente encono en torno a la ‘desfranquización’ de los espacios públicos…
La Ley de la Memoria Histórica (2007), al no reconocer que los crímenes del franquismo fueron cometidos contra toda la sociedad española y contra la humanidad, no permitió cicatrizar las profundas heridas de la guerra. Que siguen sangrando hoy… Recordemos que la Justicia española sancionó hace unos años al juez Baltasar Garzón por haber éste iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones, durante la Guerra Civil española, de más de 100.000 republicanos (cuyos cuerpos yacen en fosas anónimas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).
La decisión administrativa tomada en España en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en aquel momento, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierdas), consistió en no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.
Obviamente, a ocho décadas del inicio del conflicto y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Aunque, Alemania no ha dudado en llevar a los tribunales, hace unas semanas, a un ex sargento de las SS de 94 años de edad, Reinhold Hanning, acusado de complicidad de asesinato por haber trabajado en el campo de concentración de Auschwitz en un momento en el que cientos de miles de judíos húngaros fallecieron allí.
Pero no es sólo un asunto jurídico. Lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en ‘museos consagrados a la Guerra Civil’, por ejemplo, en los manuales escolares de historia y en días de solemne homenaje colectivo. Así se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.
La Ley de Amnistía española condujo a imponer, sobre la ‘banalidad del mal’ franquista, una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de ‘ceguera inconsciente’ (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.
En España no se constituyó nunca ninguna Comisión de la Verdad como las que se han multiplicado por el mundo en nombre del deber de memoria.
“El deber de memoria –dice el filósofo Reyes Mate– nace de Auschwitz porque aquello fue pensado como un proyecto de olvido. No debía quedar ningún resto físico del pueblo judío para que se olvidara su contribución a la historia de la humanidad. El proyecto tuvo lugar, por eso hablamos de ‘crimen contra la humanidad’, pero no se consumó porque Hitler fue vencido y eso nos obliga a recordar aquel genocidio. Honrar la memoria de Auschwitz es entender el alcance del deber de memoria”.
La película Shoah empieza con una secuencia en la que un superviviente camina cabizbajo hasta un punto en el que señala al suelo mientras dice: “Era ahí”. Ahí no hay nada, un poco de césped envuelto por el silencio de un bosque perdido en Polonia. Pero ahí estaba… la cámara de gas. La mirada de la víctima devuelve a la realidad de ese lugar una presencia olvidada. La mirada de la víctima permite conocer una parte de la realidad que sin ella sería inaccesible.
Eso demuestra que la memoria, como lo saben los antropólogos, es también conocimiento y no sólo sentimiento.
Por eso ya se han creado, en más de treinta países, Comisiones de la Verdad. Estos organismos oficiales, temporales, se encargan de investigar un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos para contribuir a la manifestación de la verdad sobre los crímenes. Casi siempre, esas Comisiones publican un informe final en el que exponen sus conclusiones y sus recomendaciones.
El modelo de estas comisiones es la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995) que buscaba la justicia luego del fin del apartheid en Sudáfrica. Sus objetivos fueron: promover la unión nacional, la reconciliación, determinar las causas de la violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy ‘justicia transicional’.
Los testigos que eran identificados como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos eran invitados a brindar testimonio sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas ofrecieron sus testimonios en audiencias públicas. Los victimarios o perpetradores de crímenes violentos podían también dar testimonio y solicitar en ciertos casos una amnistía. Esta comisión estaba encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien había establecido como lema de la Comisión que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La transición democrática en Sudáfrica se vio facilitada por un proceso único de reconciliación y de búsqueda de la verdad.
Este proceso es necesario hoy en otros países, por ejemplo, en Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derechas, intenta imponer contra los derechos de las víctimas una ley de amnistía (como lo hicieron los militares golpistas del Cono Sur) a favor de cabecillas violentos que provocaron guerrillas urbanas (una suerte de kale borroka generalizada) en 2014, las cuales causaron decenas de muertos y centenares de heridos. O en México, donde la ‘guerra del narco’ ya ha causado unos 200.000 muertos.
Recientemente, en Colombia, el Gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron, en el marco de los Diálogos de Paz, la creación de una Comisión de la Verdad para “esclarecer” y “explicar” el conflicto que –desde hace más de medio siglo– desgarra ese país sudamericano. Los negociadores explicaron que esa Comisión tendrá tres objetivos: “Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (…) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades individuales y colectivas; y promover la convivencia en los territorios del país, fomentando un ambiente de diálogo”. “Nos urge –añadieron– dar respuesta a los colombianos y, en especial, a las miles de víctimas que reclaman verdad. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo: las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto”.
La reconstrucción de la identidad social es un trabajo colectivo que supone poder realizar un relato fidedigno de los crímenes perpetrados desde el autoritarismo. Ese relato resulta indispensable para las nuevas generaciones que se acercan a conocer su pasado. Para que la memoria no se degrade, es necesario ejercerla en relación con el presente y de cara al futuro.
Para ponerle un punto final a la impunidad y desterrar la posibilidad de que se vuelvan a repetir los crímenes y genocidios, es indispensable rescatar la memoria de las luchas contra la injusticia social, por la soberanía, por las libertades y por los derechos humanos.
También hay que reivindicar los ideales de los luchadores y proponer diferentes acciones: políticas, culturales, mediáticas, etc., para actualizar y revivir hoy la construcción de otra sociedad basada en el paradigma de la solidaridad en oposición al individualismo y a la fragmentación. Igualmente es necesario impulsar la aplicación de las leyes que castigan los crímenes del terrorismo de Estado, denunciar las complicidades e indiferencias que colaboraron en su implementación.
Es indispensable exigir que las autoridades pongan el aparato estatal al servicio del esclarecimiento y de la recopilación de todos y cada uno de los abusos y atropellos contra las víctimas de las dictaduras, del juicio y del castigo efectivo de dichos crímenes.
Es asimismo importante difundir y popularizar el conocimiento de los derechos humanos para que aquellos que son víctimas de hostigamiento y de vulneración de los mismos puedan hacer valer los mecanismos que los protegen del abuso institucional. Finalmente, es determinante promover, de forma activa, la memoria de las luchas populares por la libertad, por la democracia y por la justicia social.
Sin verdad no hay justicia. Alejados de la venganza y sin convocar el rencor ni el resentimiento inútil, tenemos el deber de recordar. Hacer memoria para hacer justicia.
Luis Ortega, en representación de la familia del asesinado Miguel Gil Blázquez recoge el diploma
